Por Ronaldo Zanon
El Senado de la República ha dado un paso crucial en la protección de los derechos y la integridad de las personas al aprobar un dictamen que establece duras sanciones para quienes realicen terapias de conversión sexual. Con esta medida, se busca combatir prácticas que atentan contra la dignidad y libertad de las personas en cuanto a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
El avance
El dictamen, aprobado con 77 votos a favor, representa un avance significativo en la lucha contra las terapias de conversión sexual en México. Estas prácticas, que buscan cambiar la orientación sexual de las personas, serán castigadas con penas de prisión de dos a seis años, así como con multas que van desde mil hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El documento enviado al Ejecutivo Federal establece que las sanciones se aplicarán a cualquier persona que realice, imparta, aplique, obligue o financie tratamientos, terapias, servicios o prácticas que busquen obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de otra persona.
Además, se contempla un aumento de la sanción cuando las terapias de conversión se realicen contra menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. En casos donde el autor tenga una relación de subordinación con la víctima, como padres, madres o tutores, se aplicarán sanciones adicionales a discreción del juez.
El proyecto de decreto también establece medidas para personas profesionales en áreas de la salud que participen en estas prácticas, incluyendo suspensiones en el ejercicio profesional de uno a tres años, además de sanciones penales de acuerdo con el Código Penal Federal.
Protección de derechos humanos
Esta medida representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en México y envía un claro mensaje en contra de las terapias de conversión sexual. Con penas más severas y medidas disuasorias, se busca erradicar estas prácticas que vulneran la integridad y dignidad de las personas. La aprobación de este dictamen refleja el compromiso del Senado de la República en la defensa de la diversidad y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
